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Viola Senado orden para reinstalar a 6 trabajadoras

A tres meses de que concluya la actual legislatura, en el Senado de la República comenzó el despido de trabajadores. Saldrán, de entrada, 500 profesionistas que laboran en tareas de apoyo a los legisladores, desde asesores hasta secretarias.
Inclusive, la Secretaría General de Servicios Administrativos trabaja ya en las liquidaciones de los cerca de 500 trabajadores que serán recortados. La mayoría labora en el Senado desde 2000, año en que inició la legislatura, y la intención, dado que se trata de personal no sindicalizado, es que dejen de prestar sus servicios a partir del primero de junio.
Ello significa que la mesa directiva del Senado considera que no habrá ya trabajo en comisiones. Todo está encaminado al cierre de la 58 y 59 legislaturas, para dar paso a quienes tomarán posesión el próximo primero de septiembre.
Los próximos tres meses están planeados para la entrega de informes a la 60 Legislatura. Inclusive en la última sesión del pasado 27 de abril, la mesa directiva acordó que los secretarios técnicos de cada una de las 48 comisiones ordinarias y 18 especiales queden adscritos a la secretaría general de servicios parlamentarios, en la que será evaluado su desempeño, de acuerdo con las disposiciones del estatuto del servicio civil de carrera.
Entre la plantilla laboral del Senado hay quienes pugnan desde hace años por su basificación, sin haberlo logrado. Inclusive seis trabajadoras fueron despedidas hace dos años precisamente por demandar la estabilidad en su empleo.
Jannette Granados Rivera, Alicia Mendoza Navarro, María Teresa Ramírez Gutiérrez, Guillermina Recillas, Antonia Reyes Romero y Silvia Hernández Sotomonroy realizaron un plantón, un día antes, fuera del recinto senatorial de Xicoténcatl, para exigir justicia, toda vez que pese a que ganaron ya un juicio de reinstalación, la secretaría general de servicios administrativos que encabeza Jorge Valdez, se niega a acatar el resolutivo.
Las afectadas precisaron que fueron despedidas en 2004, cuando interpusieron el juicio para ser basificadas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo ganaron, pero el Senado, mediante de los abogados Carlos Cravioto y Armando Vargas Mejía, se niega a reinstalarlas y ofrece un arreglo económico, que ni siquiera cubre el monto de los salarios caídos.
La Jornada

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