Empleo en México

Washington, 23 ago (PL) La activista social Elvira Arellano continúa refugiada hoy junto a su hijo en una iglesia de Chicago para impedir que las autoridades estadounidenses concreten una orden de deportación hacia México contra ella.
Funcionarios de la Agencia de Inmigración y Aduanas alegaron que Arellano, quien laboraba como trabajadora de servicio en una empresa de aviación, violó de forma voluntaria las leyes del inmigrante al evitar presentarse ante las autoridades.
Sin embargo, muchos consideran que esa medida es una forma de represalia por la participación de la luchadora pro inmigrante en manifestaciones para la defensa de los indocumentados en Estados Unidos.
Arellano, fundadora de la Campaña Familias Latinas Unidas, agradeció la ayuda que le prestan cientos de personas a ella y su hijo de siete años, como muestras de solidaridad por su desafío a las autoridades migratorias, según el diario La Estrella Digital.
Roberto López, presidente del Centro Sin Fronteras, resaltó que ese fuerte respaldo masivo se debe a que consideran a Arellano un símbolo de la lucha social a favor de los 11,2 millones de indocumentados en Estados Unidos.
En muchos estados norteamericanos, a esas personas, consideradas ilegales, las leyes les impiden acceder a fuentes de empleo, educación y seguro médico, entre otras ventajas.
La madre michoacana manifiesta que emigró a suelo estadounidense, porque en su natal México apenas ganaba 30 dólares a la semana y con ese dinero no podía mantener a su familia.
Arellano consideró que la mejor forma de contribuir con la causa de los ilegales en estos momentos es enviar cartas y llamar a los congresistas para que el tema de la reforma migratoria integral vuelva a la mesa de negociación.
Las acciones contra los indocumentados, ocurren en medio de un polémico debate por la reforma de las leyes migratorias en el país.
A instancias del Partido Republicano, la Cámara de Representantes realiza audiencias para discutir un proyecto de ley que contempla el aumento de sanciones contra los indocumentados y sus empleadores, entre otras medidas.
El Senado, por su parte, presentó un plan propuesto por los demócratas para legalizar a personas sin documentos y ofrecerles posibilidades de empleo.
Desde el inicio de las marchas de inmigrantes en marzo de este año, los agentes de inmigración estadounidenses aumentaron las operaciones para detener a indocumentados que permanecen en territorio estadounidense.
Luego de un registro en su casa en Miami, el pastor Enrique Pacheco, activista de Orientación del Inmigrante, fue notificado por agentes con una orden de deportación.
Esa acción, en opinión de analistas, demuestra que el caso Arellano no es un hecho aislado, sino parte de la política gubernamental del presidente George W. Bush, la cual fomenta en el país el sentimiento anti-inmigrante.